La Fiscalía inició este “caso” en 2018 por la presunción de peculado. En octubre de 2022 la Contraloría archivó el expediente: no hubo ninguna prueba de peculado o de irregularidad alguna. Eso significa que la génesis de este proceso ya no existe y, por tanto, todo lo derivado ha sido una vil persecución contra Fernando Alvarado Espinel.
Por Fernando Alvarado Espinel
El tiempo es la medida de todas las cosas. Y el tiempo ha demostrado que cada una de las acusaciones en mi contra fueron falsas. Cinco años de ataques permanentes.
Me llamaron rata, ladrón, corrupto, prófugo y tantos otros adjetivos llenos de odio. Ahora que el tiempo y la verdad les grita que fue todo lo contrario, solo les queda dos caminos: reconocer -si son personas de bien- que se equivocaron y pedir disculpas públicamente, o engullir saña y bilis para seguir con el sinsentido del insulto y la calumnia.
Hoy saludo a todas esas personas que me culparon. Quisieron destruir mi honor, al igual que varios medios de comunicación, cuyos periodistas también me injuriaron.
El periodismo, el buen periodismo, debe contar la verdad. Pero callaron, ocultaron lo esencial, inclusive los denominados portales de investigación. Pasaron por alto la verdad que bien conocían y, contrario a lo que debían hacer, aplaudieron, inventaron, generaron titulares humillantes del caso conocido como SECOM hasta el día de hoy.
Un show mediático
El 8 de agosto de 2018 publicaron que había sido «detenido» en Manta, para llevarme a Quito a la Fiscalía General. En realidad, yo estaba trasladándome para dar una versión libre y voluntaria (varias veces pedida por mí), para desmontar la presunción de peculado por 600 dólares. ¡Sí, seiscientos dólares!
Resulta que por esa ridícula cantidad que pretendía la Fiscalía «recuperar» montó un operativo con más de 30 policías (10 vehículos, motos en los muelles y lanchas en el mar), rodeando una casa en Manta. Todo por el show. Yo estaba viajando por voluntad propia, en mi ruta hacia Quito, para llegar a rendir la versión libre y voluntaria.
Se inventaron un caso de peculado: me endilgaron una serie de supuestas irregularidades.
La persecución fue más que evidente. Tanto que el reconocido abogado constitucionalista Felipe Rodríguez, frontal opositor de la línea política a la que pertenezco, advirtió la barbaridad jurídica que se estaba cometiendo en mi contra. El 13 de Noviembre de 2018 en una entrevista con Radio Pichincha Universal Rodríguez reconoció no solo el acoso temerario del que era objeto, sino también las mentiras de aquella justicia dictatorial y política que no tuvo reparos en plantar pruebas. Y hasta el ridículo de ordenar la prohibición de enajenar bienes y prohibición de salida del país a compañeros y familiares, sin siquiera haber sido procesados.
Tanta fue la saña que desde el gobierno de Lenín Moreno se presionó para montar todo, al punto de lograr que la Interpol publique una notificación roja en mi contra, como lo anunciaba victoriosamente la Policía de Ecuador el 26 de octubre de 2018.
El presidente Moreno, su Ministra de Gobierno María Paula Romo, y la Fiscal General Diana Salazar me espulgaron hasta la saciedad. La justicia, por tanto, nunca encontró nada tangible en mi contra. Y ha sido así porque, simplemente, nunca hubo delito.
Aún así, mi familia y yo hemos tenido que pasar persecuciones y humillaciones. La familia Alvarado Espinel ha querido ser manchada solo por impulsar un proyecto político de desarrollo, igualdad, seguridad y transparencia para Ecuador.
Mi familia y yo hemos recibido cada embate con entereza. Y uno de ellos fue tener que llevar desde el 10 de Agosto de 2018 un grillete electrónico, como si fuera lo más espurio que deben enjaular. Un hecho que ya cumple justamente cinco años. Cinco años de soportar ataques e inventos del poder político y mediático.
Un ridículo creado solo para encarcelarme
Hoy se ratifica que carecían de argumentos para acusarme, tanto que la Contraloría, el 26 de octubre de 2022 (se adjunta resolución al final de este artículo), no pudo continuar con su artificio y tuvo que ordenar el archivo del expediente. Y lo hace, como establece la Contraloría en la Resolución No. 003749, porque la entidad se vio obligada a declarar «la caducidad de la facultad del Organismo Técnico de Control para pronunciarse sobre la responsabilidad civil solidaria por el valor de USD 12.000 (…)».
Me cuestionaron por USD 12.000 que correspondían a un contrato de ocho meses, por un servicio audiovisual contratado por la Secom, por el que la entidad cancelaba USD 1.500 mensuales. Pero luego la Fiscalía alegó que existía otro servicio de «parecidas características». Se ha demostrado hasta la saciedad que se trataban de dos servicios absolutamente distintos y, no obstante, el Ministerio Público igual siguió adelante con su teoría: insistió en que se concretó el delito porque ambos servicios -insisto, totalmente diferentes- se cruzaron dos meses. Esa es toda la irregularidad que supuestamente cometí, el corrupto acto de supuestamente apropiarme de USD 600. Nada más alejado de la realidad. Sin embargo, pese a las pruebas, fui ferozmente perseguido y procesado.
No lograron, en cinco años, sustentar indicios o responsabilidad alguna. No pudieron, porque fue un caso inventado con la única intención de encarcelarme. La Contraloría, entidad dedicada a la persecución, no tuvo otra opción que desechar su falacia.
En estas breves líneas repaso cinco años de persecución. ¡Cuánta miseria, cuánta corrupción judicial! Todos coludidos: Lenín Moreno (hoy procesado por corrupción), La Contraloría (Pablo Celi en prisión), Fiscalía, jueces, medios de comunicación y periodistas.
En resumen, no hay caso, nunca hubo. Cada uno debe responder por su putrefacción judicial y procesal; unos en el plano legal, otros en el plano moral.
He buscado justicia por cinco años, un tiempo en el que me vi obligado a dejar mi hogar, mi país, mi familia, para conservar algo de libertad.
No he tenido, ni tengo ninguna deuda con la justicia. Me revisaron y rebuscaron todo y de todo, no encontraron nada. El sistema de justicia sigue en mora conmigo. Para empezar, deben cerrar sus espurios procesos, y luego reparar el inmenso daño causado.
Finalmente, estoy sin orden de detención y libre. Nunca claudiqué, jamás traicioné mis principios, menos a mis compañeros, también inocentes y brutalmente perseguidos. Ratificando que el tiempo, como medida de todas las cosas, me ha dado la razón, y la verdadera justicia para mi hermano y compañeros, brillará más temprano que tarde.
Cronología del ‘Caso Secom’
Fernando Alvarado y nueve personas más, entre ellas siete funcionarios públicos, son procesados por peculado. Luego, Alvarado fue acusado de soltarse el grillete.
Enero de 2018:
- La UAFE y la Contraloría General del Estado -a cargo de Pablo Celi- realizan unos informes sobre la SECOM, durante los años 2010 al 2017, en los que Alvarado trabajó en ella como funcionario.
Agosto de 2018:
- La Fiscalía solicita a Fernando Alvarado rendir declaraciones en una fecha en que se conocía que él se encontraba fuera del país. A su llegada, el 8 de agosto, se dirige a Quito para rendir declaraciones de manera voluntaria. Sin embargo, son realizadas bajo resguardo policial por órdenes de la fiscal encargada. Esto bajo la excusa de supuestamente haberse negado a comparecer. Nunca se negó, fue citado cuando se conocía que se encontraba fuera del país y a su llegada se presentó de manera inmediata y por solicitud propia.
La fiscal Ruth Palacios solicita se abra la audiencia de formulación de cargos contra Fernando Alvarado. El caso recayó en la Jueza Nacional de Garantías Penales, Sylvia Sánchez, quien impuso las siguientes medidas cautelares contra Fernando Alvarado: prohibición de salida del país, la presentación cada 15 días ante el Presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, y el uso del dispositivo de vigilancia monitoreado por el Ministerio de Justicia.
El sistema procesal penal de Ecuador establece distintas modalidades para este tipo de medidas cautelares, señalando que: “la o el juzgador podrá imponer una o varias de las siguientes medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada y se aplicará de forma prioritaria a la privación de libertad”.
Se observa en este caso abuso judicial, puesto que Fernando Alvarado siempre colaboró con la investigación y rindió declaraciones.
El artículo 522 establece como modalidades:
- Prohibición de ausentarse del país.
- Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o institución que designe.
- Arresto domiciliario.
- Dispositivo de vigilancia electrónica.
- Detención.
- Prisión preventiva.
A Fernando Alvarado se le aplican los numerales 1, 2 y 4, a pesar haber atendido los llamados de la Fiscalía y haber rendido declaraciones cuando fue solicitado.
20 de octubre de 2018:
- María Paula Romo, ministra del Interior del Ecuador, informa acerca de la salida del país de Fernando Alvarado.
24 de octubre de 2018:
- Sylvia Sánchez, Jueza de la Corte Nacional de Justicia, dictó prisión preventiva contra Fernando Alvarado por violar medidas cautelares y solicitó a Interpol emitir alerta roja de captura.
17 de diciembre de 2020:
- Se resuelve la inexistencia del delito de peculado, declarando la inocencia de los procesados en el caso Secom, por voto de mayoría de jueces de la Corte Nacional de Justicia.
26 de octubre de 2022:
- La Contraloría General del Estado ordena el archivo del expediente, con el cual se inició el caso Secom.
Enero de 2023:
- Fernando Alvarado es llamado a juicio por “incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente”, a través del fiscal del caso Martín Navarrete.
